Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

EL SIGNIFICADO QUE NO APLICA

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 13-10-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Iguala, la palabra quiere decir "donde serena la noche". Es una ciudad clave en el tráfico de drogas, allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemonizadas por Guerreros Unidos, grupo sin escrúpulos que enfrenta cotidianamente a otras bandas por el control de la plaza y de las rutas de trasiego de drogas sintéticas y de mariguana que conectan a los estados de México, Guerrero y Morelos. A esa malograda ciudad, arribaron con algarabía estudiantil, 80 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con el fin de organizar una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 (46 años atrás) en la Ciudad de México.

Para ellos y sus familias, la vida cambió radicalmente la noche no tan serena, del 26 de septiembre pasado. A pesar de ser estudiantes, la policía preventiva municipal de Iguala les echo lámpara y los cazó como conejos, los balearon sin advertencia alguna y los trataron como viles delincuentes, quizá la orden superior (que se desconoce de dónde vino) era tirarle a todo aquel que pareciera estudiante, pues de paso, balacearon el camión en el que se trasladaban los jóvenes jugadores de un equipo de futbol, que no tenían vela en él entierro.

La responsabilidad del Estado se ha quedado en manos de algún insensible y hasta majadero burócrata o en el claro-oscuro de la información, siendo para variar la sociedad en su conjunto la que no puede cejar ni un segundo en su exigencia. Se sabe que al me nos 20 de ellos fueron subidos a patrullas de la policía de Iguala, pero nadie responde por ellos. Como siempre, son los familiares los que preguntan casa por casa, averiguan, recaban datos, se reúnen con organizaciones de derechos humanos y no dejan de tocar puertas para reclamar que los 43 universitarios desaparecidos sean devueltos con vida y se castigue a los responsables intelectuales y materiales de esta matanza. No hay descanso para ellos, ni lo debería haber para nadie.

El gobierno de Guerrero no informa los resultados de las investigaciones, ni siquiera ahora que está necesitado de demostrar su compromiso en la lucha contra la delincuencia. El gobierno federal, por medio del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció "sin decoro, ni consideración ante las horas de profunda angustia que viven los familiares de los estudiantes desaparecidos" el hallazgo de cuatro nuevas fosas clandestinas, en la zona que ahora las autoridades federales sellan a piedra y lodo con un infranqueable muro de marinos que protege la caótica y hostil investigación del gobierno mexicano.

La frágil comunicación que estableció la Secretaría de Gobernación con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, se deterioró en los días posteriores por la insensibilidad e incluso maltrato que recibieron las víctimas por parte de las autoridades del estado la relación se rompió definitivamente, cuando padres y madres se enteraron por la televisión de que habían encontrado cuatro fosas más con restos humanos. Ni los enlaces de Gobernación ni el procurador de Guerrero, tuvieron el tacto mínimo para acudir a informarles personalmente. Ni siquiera una llamada telefónica de Bucareli.

Familiares de estudiantes desaparecidos le hicieron llegar sus testimonios a Amnistía Internacional sobre la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que les dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso, lo cual desalienta a las familias para seguir adelante en su justo reclamo de búsqueda inmediata y justicia.

Al analizar la evolución de hechos, las víctimas y los grupos de acompañamiento concluyeron que la respuesta del gobierno federal llegó tarde y no genera confianza. Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se trata de pura pantomima y teatro; aseguran que "no hay espacio para una interlocución con el Gobierno, ni para mesas de diálogo o negociación" y tachan con justa razón al procurador General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, de "cirquero", aunque por ley ya los animales no deben estar en esos lugares de esparcimiento.

Los estudiantes con valor, esperanza y determinación se suman a la postura que vienen manteniendo los familiares de los desaparecidos, ellos no confían en las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado porque no tiene ni capacidad, ni legitimidad para asumir esta responsabilidad. No confían en las investigaciones que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no confían en ninguna instancia de gobierno porque hasta el día de hoy ninguna de las familias que perdieron a sus hijos, han recibido algún tipo de apoyo o ayuda económica y psicológica por parte del Gobierno estatal o federal.

Afirman en su derecho que solo tendrán en cuenta los resultados que obtenga el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) integrado por 9 especialistas que están tratando de identificar los cuerpos a petición de las 43 familias de los jóvenes normalistas desaparecidos a pesar de que en un principio, la agente del Ministerio Público Elizabeth López Peña, de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas de Guerrero, se resistía a acreditarlos como investigadores forenses coadyuvantes en el proceso.

Una vez que lograron acreditarse y recabar las muestras de ADN, conformaron los respectivos paquetes por cada una de las identidades que se busca establecer, pero se encontraron con otra sorpresita, el Ministerio Público de Chilpancingo se negó a firmar la cadena de custodia de la documentación obtenida. Desde luego, quienes integran la agencia son agentes del MP sin ninguna capacitación para tratar con víctimas. Y peor: ni siquiera tienen conciencia de la magnitud del caso que tienen enfrente.

Para muchas de las familias, los términos de un cotejo genético para determinar la identidad de un cuerpo mediante la coincidencia de ADN con sus parientes son totalmente desconocidos, y se requiere, una explicación cuidadosa. Once de los jóvenes desaparecidos son indígenas. Los grupos de acompañamiento se han quejado de que a los padres de familia les han pedido ya tres muestras de sangre a cada uno: una para las autoridades federales, otra para los antropólogos forenses y otra para las autoridades estatales.

Salvados estos obstáculos, en las últimas horas se integraron los paquetes que serán enviados de inmediato a los laboratorios de Estados Unidos, donde se procesan las muestras, bajo condiciones rigurosas que permiten la máxima confiabilidad en sus resultados. Los familiares insistieron que en cuanto a la identificación de sus hijos, sólo tendrán certeza y confianza en los resultados periciales que obtenga el Equipo Argentino de Antropología Forense que participa en las diligencias, perro cuidado, mucho cuidado porqué el trabajo realizado por agentes del Ministerio Público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas, recalcó Amnistía Internacional, presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación, por ello, es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en conexión con estos hechos, pues esa es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos forenses. Expertos de derechos humanos de la ONU subrayaron que la investigación de los ataques cometidos contra los normalistas “representa una prueba crucial para la voluntad y capacidad del Estado mexicano de lidiar con graves violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, el irresponsable gobernador Ángel Aguirre aseguró que de acuerdo con el avance de los peritajes forenses, algunos de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas no corresponden a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa pero aclaró que la PGR informará al respecto. Dijo también que el alcalde con licencia, José Luis Abarca, hasta hoy no ha sido localizado.

Mientras tanto, muy lejos del escenario de dolor, el presidente Enrique Peña Nieto, ante los gobernadores del país, menos el de Guerrero, calificó sin despeinarse, de inaceptable que en un Estado de Derecho haya localidades con vacíos de autoridad y peor aún con vínculos entre gobernantes y delincuentes.

De inmediato, los mandatarios locales con la sensibilidad y demagogia discursiva que acostumbran se pronunciaron solidarios con los habitantes de Guerrero ante los hechos ocurridos en Iguala y expusieron con todo el cinismo que les caracteriza, su deseo de que aparezcan los estudiantes normalistas desaparecidos, coincidieron "con el llamado del Gobierno de la República y de Guerrero para que se aplique la ley a través de las instancias de procuración de justicia porque en el Estado mexicano no hay cabida para la impunidad".

Nada más falso que la postura de ustedes señores gobernadores. Hoy, cuando las cárceles de México se llenan de luchadores sociales y los panteones de estudiantes, los crímenes siguen impunes y ustedes tienen una gran responsabilidad en ello.

Por cierto, hay  quienes traducen la palabra iguala en "Yoalla“?que significa "Ya volvió" o "Ya viene". En el caso de los estudiantes desaparecidos el significado no aplica porque desafortunadamente, ya no volverán. Descansen en paz.

  

 


volver al homepage
HOMEPAGE


LINEA DIRECTA GERARDOREYES.COM DERECHOS RESERVADOS.   regg48@hotmail.com