Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

EL COLOR DE LOS CASCOS Y LOS DERECHOS HUMANOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 06-10-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Si bien es cierto que a la luz del artículo primero constitucional y del mandato que impone su párrafo tercero “todas las autoridades del país están obligadas a regirse bajo el principio máximo de respeto y protección a los derechos humanos”, también es cierto que hoy más que nunca, tanto la Procuraduría General de la República (PGR), como la Secretaría de la Defensa Nacional, deben aplicarse al máximo sobre lo ocurrido con la muerte o ejecución castrense de 22 personas dentro de una bodega, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, uno de los más antiguos y jodidos de la Entidad.

Hasta el momento, circulan versiones de que a los masacrados les “sembraron” armas y lo que en un inicio se manejó sólo como un enfrentamiento entre militares y delincuentes, se fue convirtiendo en un caso más complejo cuando aparecen testigos que aseguran que habiéndose rendido los presuntos delincuentes, éstos fueron ejecutados a manos de por lo menos una veintena de soldados con casco verde sobre su testa. 

Tras las investigaciones hechas por la PGR, la secuencia de hechos muestra claramente la evidencia de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y la complicidad de todas las autoridades por acallar la verdad, la narrativa oficial es idéntica a muchos otros casos en los que los militares intentan cubrir sus ejecuciones extrajudiciales o sus excesos con enfrentamientos o pretendidos intentos de escapar, que en muchos casos han involucrado a civiles evidentemente inocentes.

Los hechos son contundentes: los ocho militares presos (un teniente y 7 elementos de tropa), tres de ellos acusados de homicidio, manipularon la escena del crimen; las autoridades civiles las evidencias (autopsias, peritajes, etc.); los medios de comunicación internacionales denunciaron la ejecución extrajudicial; el gobierno estadounidense exigió una investigación; y las autoridades de justicia militares pretenden acallar las voces poniendo a disposición del Juzgado Sexto Militar a los autores de la masacre dentro del fuero militar, a pesar de que hoy, por las sentencias de la Corte de Justicia y las últimas reformas legislativas, los militares deben ser enjuiciados en tribunales civiles, no en los militares.

Hoy los ocho elementos se encuentran internados en el Campo Militar Número Uno, en el Distrito Federal, por su "presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa" en ningún caso se califica homicidio.

Contrario a lo que señala el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la ejecución en el operativo de Tlatlaya, no fue una "acción aislada"; la manipulación y la presentación de la escena del crimen como producto de un enfrentamiento, es el modus operandi del Ejército Mexicano en el combate a la delincuencia organizada, tal como ha ocurrido en el pasado, nuestro sistema de justicia tanto civil como militar se coluden para proteger las ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas armadas.

El día en que ocurre la masacre; la Secretaría de la Defensa Nacional reconstruye la escena y emite un comunicado donde señala que los militares habían enfrentado y abatido a 22 "agresores" en un operativo intenso, en el que habían liberado a 3 mujeres que se encontraban secuestradas y asegurado 38 armas, granadas y demás armamento; reconocían que uno de sus efectivos resultó herido, pero su estado era estable.

Poco más tarde, la agencia noticiosa norteamericana Associated Press (AP) divulgó una nota informativa donde denunciaba que había "escasa evidencia de que se hubiera producido un intenso enfrentamiento" y más bien había algunos elementos para sospechar que había sido una ejecución, ya que los orificios de bala en las paredes de la bodega estaban rodeados de manchas de sangre y no se encontraron signos de balas perdidas, como las que deberían haber dejado los soldados si hubieran disparado sus armas automáticas desde una cierta distancia.

Más tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México afirmaba que "no existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos no existe indicio alguno sobre una posible ejecución", pero en contraparte, la revista Esquire México divulga la versión de una testigo, donde denuncia que los elementos del Ejército Mexicano ejecutaron a 21 jóvenes, después de que se habían rendido. Es decir, las declaraciones de una testigo avalaban las sospechas que había planteado la AP, únicamente a partir de haber revisado la escena del crimen masivo.

Por la noche del 19 de septiembre, la Sedena y la Procuraduría General de la República emitieron sendos boletines donde señalan que todavía no concluyen las investigaciones en relación con los hechos sucedidos, pero reiteraron que se habían hecho bien las cosas durante el operativo y en las investigaciones en marcha.

Días después, en plena gira triunfal por Nueva York, al concluir su participación en la Asamblea General de la ONU, al presidente Peña Nieto lo asaltan las dudas planteadas en ese foro mundial sobre el enfrentamiento y la seguridad nacional. Hubo argumentos razonables donde se cuestionan las declaraciones oficiales. Hubo la respuesta inteligente al decir que las investigaciones no habían concluido aunque ya era caso cerrado. El virrey buscando el éxito en el exterior y olvidando la tragedia en el interior, en plena promoción de sus reformas constitucionales, se sumó a los Cascos Azules de la ONU pero reculó de su dicho original, las autoridades reabren investigación, el ombudsman nacional calló, antes dijo “fue enfrentamiento” luego “es caso aislado”, después ya no supo que decir.  

Lo absurdo de lo ocurrido, es que la acción penal ejercida contra tres soldados desobedientes de la disciplina militar (culpables a medias), sea el motivo para que las fuerzas armadas y el Estado Mexicano, ratifiquen en sus actos protocolarios, respetar la vigencia de los derechos humanos y al mismo tiempo, mantener el orden, es decir, consolidar de forma clara y en todo lugar, el respeto a las garantías constitucionales de los mexicanos.

Lo mejor que puede ocurrir ahora, es que recibamos información verídica y convincente, que este mínimo gesto sea señal de que el Gobierno de la República está haciendo algo para aclarar los hechos y que tiene la capacidad, la voluntad y los tamaños para ofrecernos a los ciudadanos mexicanos un panorama de legalidad y justicia sin camuflajes, sin cascos azules, verdes, rojos o del color que sean, creo que lo merecemos.

  

 


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