Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

AVERIGUACIÓN PREVIA Y PESQUISAS FALLIDAS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 29-09-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Miembros de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, recientemente lograron descubrir la pólvora negra, llegaron a la conclusión de que las investigaciones que realizan los ministerios públicos federales y locales, siguen con falta de contundencia al integrar las averiguaciones previas penales, lo cual impide a los jueces sancionar a presuntos delincuentes. Se dice que la lista de presuntos que andan sueltos es interminable debido a la gran cantidad de asuntos atendidos por esas burocráticas instancias (mucha salsa para pocos tacos) y por la falta de capacitación en materia de investigación de los delitos, lo cual implica un largo proceso y les complica a los jueces hacer consignaciones de calidad.

La averiguación previa aun cuando no está presente en actos protocolarios del poder ejecutivo, en el Derecho mexicano es una institución jurídica consistente en una serie de actos prejudiciales necesarios para que el Ministerio Público (Fiscal) determine si es procedente ejercitar la acción penal ante los Tribunales judiciales.

Se inicia con una resolución de apertura conocida como auto de avocamiento y termina con el ejercicio de la acción penal (promoción de la acción), cuando a juicio del fiscal existen elementos suficientes que hacen presumir la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de un delito.

Lo más común en nuestro injusto sistema de justicia es que, por falta de una investigación judicial seria, a juicio del ministerio público se dicte un auto de archivo, cuando no existen elementos constitutivos de delito, o un auto de reserva (suspensión administrativa), cuando existen medios que hacen presumir la probable comisión de un delito pero no son suficientes para ejercitar la acción penal, en cualquier caso, quedan en el aire la aplicación de medidas cautelares, el desahogo de medios preparatorios y la asistencia a las víctimas del delito.

Al acudir a las estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública federal se puede constatar que en promedio, en el plano nacional, más de 40 por ciento de los privados de libertad del fuero común no han sido sentenciados, es decir, están siendo procesados, por lo que legalmente son inocentes, pues no se ha demostrado su culpabilidad y responsabilidad mediante sentencia firme.

Osorio Chong sobre el tema explicó que se trabaja en la profesionalización de las policías, con el fin de que las pruebas que se aporten sean suficientes y no ocurran estas circunstancias, que lastiman a las propias corporaciones y por supuesto a la ciudadanía. La situación impacta en los jueces, ya que al momento de carecer de las pruebas suficientes para emitir una sentencia que responsabilice al imputado y dejarlo en libertad, son señalados de corrupción.

A veces esta percepción se desvanece cuando las autoridades que persiguen los delitos (Ministerio Público) no forman bien los expedientes y desde luego le cargan la responsabilidad al juez que sin argumentos de base suelta a una persona. El juez tiene la obligación de juzgar con base en las pruebas que se le aportan y si estas no son suficientes para fincar la responsabilidad de alguien, entonces es muy difícil que se imponga una sanción justa.

Históricamente, el Ministerio Público adquiere caracteres precisos que desde 1917 le dan en nuestra constitución el contenido profundamente humano de protector de la libertad del hombre y guardián de la legalidad, nada más falso ya que en el México nuestro de cada día, en la impartición de justicia, existen verdaderos atentados contra las personas violando sus derechos.

La corrupción acecha, debido a una mala averiguación muchos jueces ansiosos de renombre tienen en sus manos procesos que en muchos casos les permiten, la aprehensión de personas inocentes, y en otros se van contra la tranquilidad y el honor de las personas y familias, impunemente se jactan de no respetar en sus inquisiciones ni las barreras mismas que terminantemente les establece la ley.

Ejemplos de injusticia tenemos muchos, hoy nos alarma el caso de Tlatlaya, municipio del Estado de México en los límites con el estado de Guerrero, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asestaron un duro golpe al crimen organizado el saldo fue de 22 presuntos delincuentes muertos y un militar lesionado. Estos hechos confirman “que estamos retornando a la vieja usanza de las ejecuciones implementadas por el Ejército mexicano en los años 70” (Diputado del PRD Roberto López Suárez).

En su revirada, el Diputado del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sugirió dejar a la PGR y la CNDH hacer su trabajo, “de tal suerte que no encontremos falsos culpables, o que no toleremos cualquier acto que haya violado la ley”. Ponderó la decisión del general secretario Salvador Cienfuegos, de arraigar a quienes pudieran resultar responsables o no de la denuncia de una ejecución sumaria y no permitir que exista confusión e impunidad en ningún caso donde se presenten situaciones como éstas”.

Nuevamente sobre el tema, Osorio Chong dice que la investigación sigue abierta y que se actuará con toda transparencia, porque si sucediera algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército Nacional, será la excepción, podemos observar que este tipo de cuestiones es sólo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro Ejército y de la Marina Armada de México”. En el sitio se encuentran peritos y agentes del Ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del estado, quienes realizan las actuaciones de ley que amerita el caso, es decir, para eliminar culpables, formulan averiguaciones previas mal fundamentadas y consecuentemente pesquisas fallidas, ya veremos si con él tiempo tenemos la razón o no.

  

 


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