Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

TELECOMUNICACIONES

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 21-07-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Con discursos de los legisladores del PRI y del PAN, centrados en la eliminación del cobro del servicio de larga distancia, como prenda estelar de las leyes federal de telecomunicaciones y la del sistema público de radiodifusión, fue aprobado el dictamen de la ley reglamentaria con la que el gobierno de Peña Nieto pretende regular a los gigantes de la radio, la televisión y la telefonía: Slim de América Móvil; Salinas Pliego de Grupo Azteca y Azcárraga Jean de Televisa que las malas lenguas señalan lo impulsaron para llegar a los Pinos.

Los conocedores dicen que alrededor de 50 mil millones de dólares, es el valor del mercado de éste sector. La telefonía móvil contribuye con más de 60 por ciento de los ingresos del sector; la fija con 32, y la televisión de paga con 12 por ciento. Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de la desaparecida Comisión Federal de Telecomunicaciones estimó en 4 por ciento del producto interno bruto el valor del mercado de la publicidad en la televisión abierta, cerca de 60 mil millones de pesos, de los cuales Televisa tiene 70 por ciento y TV Azteca 30 por ciento. Es obvio que esto se refleja en 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad.

La minuta de ley reglamentaria, según diputados del PRD, PT y MC, (derrotados por el pleno), permitirá una serie de abusos a la libertad de expresión, neutralidad en la red y la libertad de comunicaciones en el país. No toca para nada a Televisa, empresa que se fortalece por el poder que se le concede en el mercado de la televisión restringida, y tampoco tendrá el efecto buscado contra el emporio de Carlos Slim, es decir, se les peló el actor económico preponderante, o como dicen en mi pueblo, se les fue viva la paloma, porque América Móvil se adelantó con el anuncio de la desincorporación de activos y ya tiene comprador para deshacerse inmediatamente de ellos.

La minuta aprobada por intereses mezquinos según dicen los que saben, contiene disposiciones que afectarán al artículo 41 constitucional, para que los partidos políticos contraten publicidad. Ahora, con el aval es Senado, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión podrán ofrecer sus servicios y espacios de publicidad a cualquier persona física o moral que lo solicite. También prohibirá que las universidades públicas puedan solicitar subsidios para la transición digital. No regula la compra del tiempo en radio y televisión, en caso de que quienes lo adquieran sean las asociaciones religiosas.

En el dictamen, los concesionarios y autorizados se convierten en policías, en espías, en un eslabón de la cadena de mando de una autoridad extralimitada. Incluso se les obliga a contar con áreas disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para colaborar con las autoridades, es decir, recrea un aparato de vigilancia estatal-empresarial sobre los ciudadanos y se autoriza al Estado a crear un registro de datos, que tendrá facultad de solicitar informes sobre las personas, y promueven el abuso en la colaboración de concesionarios con la autoridad.

Se introduce una nueva serie de condiciones, umbrales y requisitos que tendrán que cumplirse para la transición del apagón analógico. La redacción que propone el dictamen se prefigura como inconstitucional porque el plazo para concluir con ese proceso culminará el 15 de diciembre, como se establece en la Constitución. En interconexión, la minuta establece asimetrías para los agentes preponderantes que operen redes públicas.

Conceptualmente, tal medida introducida para promover la competencia efectiva y abaratar el costo de los servicios –reduciendo el cobro del agente preponderante–, sólo inhibirá las inversiones, al no haber incentivos para que los nuevos operadores desarrollen infraestructura (pues tendrían la red existente del competidor mayoritario a su disposición, sin costo), y a su vez el agente preponderante no tendría razón para invertir en una infraestructura de la cual no podría cobrar su recuperación.

Esa gratuidad mandatada en la minuta es contraria a las mejores prácticas internacionales. Aplicarla sin obligar a la reinversión del diferencial en infraestructura dentro del territorio nacional significará una invitación a la fuga de capital, y generará incentivos perversos, ya que a los operadores de menor tamaño les convendrá mantener su estatus.

La nueva ley es omisa en el articulado de fomento a la infraestructura, porque no establecen plazos, objetivos claros, métricas y un esquema de rendición de cuentas particularmente con los proyectos de infraestructura a cargo del Ejecutivo Federal.

Por lo que hace al organismo público de radiodifusión, contenidos de medios públicos y promoción de producción nacional independiente, la minuta no garantiza los enunciados en la Constitución, y su autonomía estará limitada porque el gobierno federal tendrá una mayor representación en su composición. Tampoco aparecen los principios que deben regir el contenido y la orientación de estos.

La producción nacional independiente se condiciona a los intereses mercantiles de los concesionarios. Del mismo modo, el tiempo destinado a la trasmisión de publicidad debe mantener un equilibrio con el conjunto de programación trasmitida por día. La minuta permite porcentajes de publicidad excesivos, comparados con la Unión Europea o Argentina. Ahora en México la publicidad en televisión abierta será de 18 por ciento, y 40 por ciento en radio y televisión restringida.

Si lo que se comenta en los pasillos de San Lázaro es verdad, el poder y el dinero fueron como en otras ocasiones, los intereses, que apuntalaron la legislación en materia de telecomunicaciones de modo tal que, los monopolios que televisivamente se meten hasta la cocina de su casa e inciden sin límites en la conciencia de los mexicanos, hoy están y seguirán vivitos y coleando.

La reforma constitucional y la legislación secundaria no les hicieron cosquillas, beneficiarán para nada a los millones de usuarios y sólo incrementarán las fortunas de los dueños de la radio, la televisión y la telefonía, otorga más poder al poder y al final de las cuentas, perjudicará seriamente a la sociedad mexicana.

 


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