Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

HIDROCARBUROS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 21-07-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de utilidad pública debe ser amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas; comprende tres causas: a) La pública propiamente dicha, cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o internacional. Se enuncia el concepto debido a:

A pesar del manoteo y la verborrea de los senadores del PRD se confirmó lo dicho por su bancada, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos lograron su propósito e incluyeron en el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, nuevas disposiciones para despojar tierras comunales, privadas e incluso públicas, en favor de las empresas extranjeras que llegarán muy pronto al país a explotar el petróleo y la electricidad.

Ahí se establece que los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, para tender ductos, generar y comercializar energía eléctrica, además de construir la infraestructura respectiva, se otorgarán conjuntamente con la respectiva declaración de utilidad pública de los predios en cuestión.

Ese artículo 33, mediante un simple “ábrete sésamo”, abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública. Abre la puerta a afectaciones, incluso a reservas de la biósfera, abre la puerta a una serie de violaciones a los derechos humanos que de verdad es impresionante que se esté planteando en estos términos”, recalcó el senador Robledo. Haciendo notar que tal disposición va más allá de la reforma energética aprobada en diciembre.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que son los órganos reguladores del sector energético, tendrán además la facultad de “promover los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública, siendo siempre estas actividades de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia (aquí es donde está la trampa) sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo de los terrenos afectos a éstas”.

Ello significa, (según la senadora Dolores Padierna quien fuera la encargada de presentar la reserva al artículo 33, que ni siquiera fue admitida a discusión) que los órganos reguladores facilitarán el trabajo a las empresas extranjeras, las cuales no tendrán que negociar nada, ya que desde el mismo Estado mexicano se harán las gestiones para que puedan disponer de los predios que requieran para hacer los negocios con el petróleo o la electricidad”. Durante la discusión, Padierna recalcó que ‘‘lo más sorprendente es que ese régimen preferente que se otorga a las trasnacionales no se hace extensivo a Pemex. Tenemos claramente un gobierno de plutócratas (la riqueza es la base principal del poder), al servicio de los millonarios, pero pagado con los recursos del pueblo de México’’.

La legisladora perredista preguntó si esos órganos reguladores del sector energético, van a litigar en tribunales contra comunidades indígenas o pequeños propietarios que se nieguen al despojo de sus tierras. No le respondieron los del PRI, ni los del PAN y mucho menos los del Verde Ecologista, ya que bajita la mano habían logrado su mezquino propósito.

Los perredistas advirtieron que “es indignante”, que los contratos que se otorguen a las trasnacionales vayan acompañados de la declaración de utilidad pública, que les asegura disponer de la tierra en que harán sus negocios, cualquiera que sea el tipo de propiedad, incluso con la expropiación, sin dejar duda de que en materia energética, los negocios privados son causa de utilidad pública

Intervinieron una y otra vez sin éxito, propusieron y argumentaron cambios de esa ley, advirtieron la creación de un costoso aparato burocrático denominado Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que además de contar con un presupuesto público, podrá disponer de los ingresos y aprovechamientos por los servicios que presten, todos sus argumentos fueron rechazados en automático por sus contrapartes.

En su debate, objetaron también sin éxito, que esta Comisión, fue creada a propuesta del PVEM, la cual, aparte de innecesaria, crea burocracia, genera duplicidad de funciones con otras instituciones, invade facultades y competencias de la SEMARNAT y de otros organismos públicos (PROFEPA e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), y va a impedir una correcta aplicación de las leyes, los reglamentos y la normatividad ambientales que regulan la explotación de los hidrocarburos, sin modificar, alterar y mucho menos impactar adversamente en el entorno natural y social inmediato.

Toda esta farándula legislativa nos llevó a retomar las palabras de William J. Bryan, un destacado político estadounidense, tres veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos que llegó a ser Secretario de Estado. En 1908 dijo. “Las distintas políticas en México, no dejaran de producir la intervención de los Estados Unidos, aunque sólo fuera para proteger nuestros vastos intereses en aquel país y baste saber cuál de los dos pueblos es más débil para comprender que se seguirá la absorción de aquella República. Nosotros no podíamos dejar de aprovechar oportunidad tan admirable de aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal” (tomado del libro México Negro propiedad de Petróleos Mexicanos, autor Francisco Martin Moreno) les recomendamos su lectura señores diputados a ver si tienen vergüenza.

 


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