Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

LA LEGITIMACIÓN DEL DESPOJO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 7-07-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

  

Después del fracaso futbolero del “piojo” Herrera y la desilusión de su selección, en un largo y poco productivo proceso legislativo, los senadores del PRI y PAN han comenzado, cuestionados por la oposición, la aprobación de las leyes secundarias en materia energética enviadas por el Ejecutivo al Congreso. De acuerdo con críticos y especialistas, en este primer paquete normativo, se estaría avanzando en el desmembramiento de la CFE, en el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, y en la privatización del agua para beneficiar a las empresas de geotermia, entre otros aspectos. 

Sobre el despojo de la tierra, Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación, ratifica ante los diputados la vasta inquietud social generada por las propuestas presidenciales de leyes secundarias, y dice demagógicamente que no habrá “expropiaciones de facto” de tierras en favor de corporaciones energéticas contratistas y concesionarias, porque es más viable la “ocupación superficial” que comprar tierras que, después de 30 o 40 años, las empresas o el Estado no sabrán “qué hacer con ellas”, una vez que terminen de explotar un yacimiento de petróleo o de gas.

En su exposición, el funcionario reconoce, que se mantiene el recurso de la expropiación inmediata “por causas de utilidad pública” y les asegura a los diputados federales que “no es el objetivo expropiar” las tierras en las zonas donde la Secretaría de Economía asigne contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, sino que sólo se rentarán a sus propietarios mediante la figura de “contratos de ocupación”.

Con el discurso tan vago, el procurador fiscal confirma el sentido equívoco con que el gobierno federal utiliza el concepto de “utilidad pública”, toda vez que los eventuales beneficiarios de la disposición en debate serían principalmente entidades privadas y se perjudicarían gravemente con ello categorías públicas como la certidumbre en la tenencia de la tierra por comunidades, ejidos y poblaciones, y, con tal de satisfacer intereses particulares se pondría en riesgo la paz social que aunque pende de un hilo, aún queda en el país.

Los entendidos del tema argumentan que si el gobierno no tiene la intención de recurrir a las expropiaciones, no es fácil entender el empecinamiento del grupo en el poder por mantener en el texto legal el margen para ello. Ninguna disposición legal se redacta, aprueba y promulga para no ser usada, y ésta no tiene por qué ser la excepción. Si en la ley secundaria se mantiene una puerta abierta a despojos de tierras disfrazados de “expropiaciones por causa de utilidad pública” es claro que, más temprano que tarde, habrá de recurrirse a tal figura legal, con las trágicas consecuencias que conllevaría.

Una vez más, pues, como ha ocurrido desde que empezó a promover su reforma energética, la autoridad (Peña Nieto y su Gabinete), no habla claro sobre los alcances e implicaciones de esta alteración mayúscula al ordenamiento constitucional que ha regido en el país por décadas.

Un pequeño recuento permite recordar que el Ejecutivo Federal (Peña Nieto) empezó su campaña para legitimar la privatización de la industria petrolera afirmando que esa medida había sido una intención del general Lázaro Cárdenas, lo cual constituye una evidente mentira ya que durante su gobierno, la Nación reivindica sus derechos sobre los hidrocarburos.

Luego dijo que la intención no era privatizar Pemex; esto, en rigor, es cierto, pero se engañó por omisión al ocultar que el verdadero propósito de la reforma era privatizar la mayor parte de la industria petrolera; se aseveró después que el Estado conservaría la totalidad de la renta petrolera, propósito imposible de cumplir en la medida en que ésta será compartida con corporaciones petroleras privadas, o se les cederá con los honores que el tema merece.

Esas y muchas otras inconsistencias en el discurso oficial agravan el malestar social ante las modificaciones legales impulsadas por la actual administración, hacen pensar que los dichos de funcionarios, lejos de buscar una comunicación transparente, procuran confundir a la opinión pública, y confirman la necesidad de que se consulte a la sociedad, en ejercicio de un espíritu verdaderamente democrático, acerca de si debe o no alterarse el estatuto público y nacional del sector energético.

No en vano y con justa razón, representantes de más de 40 organizaciones que asistieron al Encuentro Nacional Indígena, Campesino y Popular por la Resistencia, los Derechos y las Autonomías, advirtieron que no entregarán “ni un milímetro de sus tierras y ni un ápice de sus derechos” a las empresas nacionales y extranjeras que pretenden beneficiarse con la reforma energética y sus leyes secundarias y que si es necesario acudirán a organismos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de Derechos Indígenas para defender sus recursos, tierras y territorios.

Concluyen en su encuentro: “No queremos leyes abusivas y expropiatorias disfrazadas con la causa de ‘utilidad pública’; no queremos ‘empleo ni bienestar’ ni más ‘desarrollo ni progreso’ a cambio del despojo y la destrucción de nuestra madre tierra, cultura, territorios y derechos como pueblo y nación y estamos hartos del saqueo indiscriminado de nuestras riquezas naturales y del subsuelo”.

Reclaman a los tres niveles de gobierno y a las empresas mexicanas y extranjeras “que preparan sus leyes y acuerdos, que alinean sus capitales y ejércitos, que reciben sus patentes de corzo para apoderarse de sus tierras y territorios que tienen el derecho a ser escuchados, consultados y a decir ‘no’ al despojo y el saqueo”.

Exigen la implementación de políticas públicas que reconozcan la libre determinación de los pueblos, la autonomía y el derecho a la tierra, el territorio y sus bienes naturales, así como que se cumplan y se conviertan en ley los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Aseguran que el gobierno de Enrique Peña Nieto “impulsa una reforma al campo que atenta contra la propiedad social de la tierra intentando eliminar la figura del ejido y comunidad para facilitar la entrega de concesiones y el saqueo de territorios con recursos como el agua, el petróleo y minerales”.

Finalmente, subrayan en sus conclusiones: “No entregaremos la tierra por la memoria y la resistencia de nuestros ancestros, por nuestras hijas e hijos, por las generaciones futuras y por los derechos de la humanidad.

Señores legisladores, échense ese trompo a la uña, escuchen al pueblo que supuestamente representan y aunque sea por esta ocasión, aprendan a decir no a los intereses que rondan por debajo de la mesa.

 


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