Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

CRÓNICA PARA DESTRUIR EL ESPIRITU (segunda parte)

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 05-05-14)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Aun cuando desde los inicios los representantes del Vaticano aceptaron la existencia de pederastas entre el clero, esa postura fue usada a la postre para evitar profundizar en la discusión y evitar asumir medidas concretas.

La ecuatoriana Sara Oviedo, activista y vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño, lamentó que aún bajo la batuta del papa Francisco la Iglesia católica ha tenido unaactitud defensivay omisa ante las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Recordó que desde que se abrió el debate entre el CDDN –organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la convención para la protección de los niños– y el Vaticano en 2013, el Estado que representa al papado desplegó una estrategia contradictoria y evasiva, respondiendo siempre que ya estaban actuando ante el problema, pero nunca dieron la información concreta sobre los nombres, el paradero y el efectivo retiro de sacerdotes acusados de sus puestos.

Coludidos, los gobiernos nacionales manifiestanuna actitud que deja mucho que desearfrente a las denuncias de los niños y niñas víctimas de curas pederastas, ya que las autoridades suelen alinearse con las respectivas conferencias episcopales de sus países y sólo acatan lo que éstas deciden ante las acusaciones,. Estas autoridades –incluido el Estado mexicano–nunca toman partido por sus ciudadanos en estos casos y siempre aseguran la impunidad de los religiosos que cometen abusos sexuales.

Oviedo advirtió también que si la Iglesia católica quiere seguir siendo reconocida como líder moral en el mundodebe cambiar y ponerse a la cabeza de las denuncias en contra de los sacerdotes criminales y ponerlos en manos de la justicia.

Dos meses y medio atrás, un informe de este comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside la noruega Kristen Sandberg, reclamó duramente al Vaticano no haber tomado medidas contra los religiosos que han abusado de menores y de forzar a los clérigos a uncódigo de silenciopara encubrir a los pederastas dentro de la institución y protegerlos de la acción penal de las autoridades correspondientes.

El ex sacerdote Alberto Athié explicó que un grupo de abogados internacionalistas estudia actualmente las implicaciones jurídicas contenidas en el informe de la ONU sobre los cauces que se pueden seguir ante la justicia penal internacional las demandas, (que han quedado sin efecto en nuestro país), de víctimas en contra del fallecido fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, e incluso contra el cardenal Norberto Rivera, señalado por encubrimiento.Se analiza si tenemos elementos jurídicos para fincar ya no sólo responsabilidad institucional en términos genéricos a la Santa Sede, sino a quienes, en la Santa Sede o quienes dependen de la Santa Sede, son responsables de encubrimiento.

ElInforme a la Santa Sedeexpone que la Congregación de la Doctrina de la Fe, que tiene exclusiva competencia sobre los casos de pederastia denunciados desde 1962 hasta 2001, declinó proporcionar al organismo de la ONU los datos sobre abusos a menores y sus procesos judiciales que le fueron solicitados.

En lugar de abrir los archivos, a petición de las instancias religiosas, se levantó en varios países un movimiento de recolección de firmas de católicos en defensa por el supuesto ataque contra la Iglesia por parte de este organismo de la ONU, es decir, en el Vaticano imperó el interésde mantener su reputación y defender su imagen por encima de los derechos de los niños.

En el segundo interrogatorio al que se somete a autoridades del Vaticano este año, la Santa Sede trató el lunes de limitar su responsabilidad por el escándalo de abusos sexuales en el mundo al contradecir los argumentos en el sentido de que violó un tratado internacional contra la tortura y las prácticas inhumanas. 

El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, no perdió tiempo para señalar que su responsabilidad para aplicar las disposiciones del tratado contra la tortura sólo aplican dentro de los confines de la pequeña ciudad del Vaticano, que tiene menos mil habitantes y cuya área es menor a una 800 metros cuadrados (media milla), lo que lo hace el país de menor extensión en el mundo.

"La Santa Sede piensa concentrarse exclusivamente en la ciudad-Estado del Vaticano", dijo a la comisión. "Las autoridades estatales están obligadas a proteger y en caso necesario, a perseguir a personas que estén bajo su jurisdicción".

En la primera pregunta, la integrante de la comisión Felice Gaer inquirió al Vaticano por qué su primer informe se presentó nueve años después de ratificar la convención. Gaer, estadunidense experta en derechos humanos, criticó después la "presunta distinción" entre Ciudad del Vaticano y la Santa Sede.La diferenciación, dijo "crearía importantes huecos en la cobertura" del tratado y el uso de la "jerga legal" es preocupante.

"Llamamos a todos los integrantes a adherirse estrictamente al significado de la convención", dijo Gaer a la delegación vaticana encabezada por Tomasi.

El interrogatorio concluyó luego de dos horas para permitir que la delegación vaticana prepare sus respuestas para mañana martes, cuando la audiencia se reanude. Tomasi reconoció que existen diferencias sobre "la línea de la responsabilidad legal y moral" para la puesta en operación del tratado.

Dijo que ha habido "una estabilización y la declinación en los casos de pedofilia" en la Iglesia, lo que indica que las medidas puestas en práctica por la Santa Sede y las diócesis locales "están generando resultados positivos"."La Iglesia tiene que hacer su propia limpia. Lo ha hecho durante los pasados 10 años".

Una comisión de la ONU que supervisa un tratado clave sobre los derechos de los niños criticó a la Santa Sede en enero al acusarla de privilegiar sistemáticamente sus intereses sobre los de las víctimas al permitir a sacerdotes violar y acosar a miles de niños al aplicar sus propias políticas y códigos de silencio. Esa comisión rechazó un argumento similar presentado por el Vaticano para limitar su responsabilidad.

Si la comisión de Naciones Unidas encuentra que el abuso se equipara con la tortura y tratos inhumanos se podría abrir la puerta a innumerables demandas que se remontan a décadas atrás porque no hay limitaciones en el estatuto en casos de tortura, dijo Katherine Gallagher, una abogada especializada en derechos humanos en el Centro de Derechos Constitucionales, un grupo sin fines de lucro con sede en Nueva York, presentó informes a nombre de víctimas ante ambas comisiones pidiendo a la ONU un escrutinio más minucioso de los registros de la iglesia sobre abuso de menores.

Gallagher dijo que la violación puede ser considerada una forma de tortura porque incluye elementos de intimidación, coerción y explotación de poder y que el argumento de que la responsabilidad de la Santa Sede sólo corresponde a los límites de Ciudad del Vaticano es "falso".

Cuando firmaron el tratado las autoridades vaticanas dijeron que lo hacían a nombre de Ciudad del Vaticano, no de la Santa Sede, que es el organismo rector de la iglesia en el mundo. El vocero vaticano Federico Lombardi dijo a Radio Vaticano el viernes que la Iglesia espera que la comisión que revisa el tratado contra la tortura evite quedar "reducida a herramientas de presión ideológica en lugar de ser el estímulo necesario hacia el progreso deseado en la promoción de los derechos humanos".La comisión de la ONU, compuesta por expertos independientes en lugar de representantes de los estados miembros, emitirá sus observaciones finales y recomendaciones el 23 de mayo. Tal parece que el juicio final está muy próximo ¿No lo cree usted?

 

 


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