Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

POLÍTICA DE LA SIMULACIÓN

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 14-10-13)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

En septiembre pasado, las tormentas provocadas por Manuel e Ingrid dejaron a su paso además de angustia, desesperación e indignación, dejaron a la vista, desolación, muerte y más miseria; tan sólo en Acapulco una de las poblaciones mayormente afectadas, los daños estimados por el gobierno como un paliativo, fueron de cinco mil millones de pesos. Luís Waltón, alcalde en funciones, simula su indignación y lavándose las manos, acusa que cuatro ayuntamientos que le sucedieron, autorizaron varias veces el cambio de uso de suelo permitiendo la urbanización en zonas de alto riesgo en ese puerto. 

Diputados y Senadores, aportan su cuota y simulan su preocupación y solidaridad con los damnificados, pero ante la desgracia es evidente que desconocen la concurrencia de los tres niveles de gobierno respecto a la debida planeación y estructuración de las políticas públicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente, en este entendido, dicen los que si saben del tema, que esta concurrencia debe ser acorde a la aspiración colectiva de un crecimiento integral y sostenible; ya que cuando se presentan las desgracias, efectivamente se sabe del impacto que generan los asentamientos humanos irregulares a los ecosistemas, pero también al erario público pues es lógico pensar en el elevado costo de los servicios públicos que demandan los centros de población y nuevos desarrollos inmobiliarios que son creados al arbitrio o en respuesta muchas veces, a intereses políticos.  

Para los conocedores del tema, el proceso de urbanización implica la modificación del espacio, de las actividades productivas y de consumo, de los estilos de vida y de las preferencias sociales; es un fenómeno multidimensional que ubica al problema de la sustentabilidad dentro de un contexto que rebasa los contornos propiamente urbanos, y que debe plantearse en términos de un balance de intercambios físicos, sociales y económicos entre la urbe y sus áreas de influencia.  

A todas luces, en este contexto, resulta apremiante la necesidad de implementar mecanismos de gran visión adecuados para fortalecer en todo el territorio la debida planeación del desarrollo urbano que contemple factores tan importantes como la dimensión demográfica, la económica, la cultural, la social y por supuesto, la ambiental.  

Sencillamente podemos afirmar que no habrá éxito en las políticas públicas tanto ambientales como de desarrollo urbano, sin una debida concurrencia entre los tres niveles de gobierno, sustentada en el total respeto entre las autoridades, entre sus facultades y desde el punto de vista coherente y transparente, que beneficie al mayor número de población en el sentido mismo de mejorar su calidad de vida teniendo como punto de partida estrategias urbanas que vinculen el uso, destino y aprovechamiento del suelo con la restauración, el mejoramiento y la protección del medio ambiente.  

Ciertamente, existen en la actualidad programas dispersos y desmadejados tendientes a fomentar esta llamada concurrencia, que pretende dar eficiencia en la gestión ambiental de los estados y lograr la estructuración de acciones relacionadas con el mejoramiento del ambiente, sin embargo, la federación se ha enfrentado a la inexperiencia y a la deshonestidad en el manejo de los recursos económicos que lejos de lograr el beneficio común partiendo de un medio ambiente adecuado, se beneficia a pocos con los recursos de todos. Durante la administración federal anterior se destinaron más de 94 mil millones de pesos para enfrentar los efectos de fenómenos naturales y cómo podemos ver nadie sabe qué pasó con estos recursos. 

Existen muchas leyes que facultan a la federación para suscribir convenios o acuerdos de coordinación con los estados, y, éstos a su vez con los municipios, a efecto de que ambas instancias asuman la realización de funciones como: el manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal, el control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad, la prevención y control de la contaminación de la atmósfera proveniente de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y desde luego los planes, reglamentos y normas en materia de desarrollo urbano.  

Desafortunadamente, estas leyes y reglamentos no aterrizan en ningún lado, los municipios de todo el país, reflejan un atraso considerable cuando hablamos de reglamentación, planes, programas y acciones relacionadas con el desarrollo urbano, medio ambiente y la calidad de vida de la población, por ello, las ciudades crecen anárquicamente sin orden, sin progreso y con gastos enormes que se traducen a su vez, en reformas hacendarias que lo único que hacen es inducir la elevación de los impuestos destinados a solventar los mismos errores.  

El ayuntamiento acapulqueño en turno, confirma la desgracia cuyas secuelas perdurarán muchos años y tal vez cambien al puerto y su zona conurbada para siempre, se argumenta que tres años no bastan para diseñar y poner en marcha proyectos productivos con tecnologías sustentables, y formar paralelamente cuadros técnicos en la administración pública, mediante el Servicio Civil de Carrera, con la finalidad de conservar a los recursos humanos con vocación y calidad de servicio y se dé continuidad a las acciones estatales y municipales en este ámbito.  

En otras zonas metropolitanas, el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey por ejemplo, las leyes urbanas y ambientales, establecen la posibilidad de formalizar convenios para el establecimiento de comisiones metropolitanas que tengan por objeto diseñar las estrategias para operación y ejecución de obras y acciones además de la prestación de servicios públicos, pero sobre todo, llevar a cabo esfuerzos comunes para mejorar el entorno ecológico, tan dañado y por consecuencia, tan nocivo para la salud pública.  

Esta figura, serviría de ejemplo para que los estados que comparten, por su situación geográfica, problemas comunes relacionados con el ambiente, la puesta en marcha de programas de mitigación de contingencias ambientales dentro de una nueva cultura de apoyo y de convergencia interestatal en pro de mejorar el entorno y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 

Con esta finalidad se necesita que los tomadores de decisiones: Peña Nieto, Eruviel Ávila, Mancera, Ángel Aguirre, entre otros tantos, tengan la visión y la preparación para emprender la lucha común hacia la sustentabilidad, en el entendido de que para el medio ambiente no hay héroes únicos, se necesita la participación de autoridades, organismos gubernamentales y la ciudadanía en general, de lo contrario se juega mediante la política de la simulación, con las presentes y futuras generaciones.  

 


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