Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

EL PODER DE LOS SINDICATOS

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 19-08-13)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

 

Aun cuando en las últimas dos décadas, el poder político de los dirigentes sindicales se ha visto mermado, reflejándose en menos puestos de elección popular como son diputaciones, senadurías y gubernaturas, éstos sin embargo, con todo y sus supuestas limitaciones continúan teniendo su coto de poder sobre el Estado y los Gobiernos federal y locales derivado del control que tienen sobre los trabajadores agremiados a sus sindicatos, así como de las funciones e instalaciones estratégicas para el país,.

De acuerdo con la opinión de los expertos, es muy extraña ésta pérdida de representatividad que se refleja en una baja membresía, a pesar de las cifras alegres que se dan y que contrastan con las demandas incumplidas de los trabajadores, como una mejoría salarial, más empleos y de mejor calidad, se dice que por lo menos el 45 % de los 2,665 sindicatos de competencia federal que había registrados hasta hace un año, no proporcionan información sobre el número de agremiados ni dan a conocer en tiempo y forma el padrón de socios o las modificaciones que realizan a sus propios estatutos pasándose por el arco del triunfo la Ley federal del Trabajo y previsión Social.

Extraña también el hecho de que éstos señores en compañía de sus agremiados aun no levantan la voz ante las múltiples reformas legales que se están peleando los partidos políticos, ya que son tan poderosos que pueden provocar un paro nacional de minas para pedir la restitución de su líder (como fue el caso de Napoleón Gómez Urrutia), pueden crear partidos políticos (como el caso de Elba Esther Gordillo ya tras las rejas), pueden cerrar refinerías y plataformas petroleras (Romero Deschamps) líneas y plantas generadoras de energía eléctrica (Martín Esparza), telefonía (Hernández Juárez) o pueden amenazar con cerrar los hospitales del IMSS (Valdemar Gutiérrez) y con tan sólo una orden, suspender las actividades administrativas y operativas de las dependencias de gobierno (Joel Ayala).

Lo que no extraña, es que frente a la nueva situación del país, éstos personajes empiezan a tener vida y afirman que la continuidad de las estrategias neoliberales se han visto favorecidas por un ejercicio del poder autoritario que se sustenta en el llamado Pacto por México, instrumento que busca legitimar únicamente las políticas que le interesan al actual gobierno pero excluye las agendas e intereses de los ciudadanos y organizaciones, el régimen de Peña Nieto, hasta ahora, se ha caracterizado por la aplicación de diversas medidas que buscan articular y disciplinar a los distintos factores de poder alrededor de la figura presidencial imponiendo de facto una política laboral antisindical.  

Señalan sabiendo que no son escuchados, que la estrategia económica debe replantearse para poner en el centro el objetivo de un nuevo modelo de desarrollo al servicio del progreso y bienestar de las personas, a partir del pleno empleo con derechos y prestaciones, como guía de la política económica, por lo que se requiere de incrementos salariales, acompañados del incremento de la productividad así como del desarrollo de una gran capacidad negociadora de sindicatos reales, democráticos, libres y representativos, con el propósito de lograr una redistribución del ingreso más equitativa, tanto a través de políticas impositivas al gran capital y como de la promoción de un gasto e inversión públicos con efectos multiplicadores para la reconstrucción del mercado interno y para satisfacer la demanda de bienes y servicios.

Aunque las autoridades hacendarías afirman casi a diario que nuestra economía está blindada, es estable y con perspectivas halagüeñas, la política económica, hasta hoy vigente, ha estado enfocada a crear mejores condiciones de estabilidad y mayores espacios de inversión para que el capital financiero obtenga mayor rentabilidad y ganancias más altas, de tal manera que la integración de nuestro país a los mercados globales se lleva a cabo bajo condiciones de subordinación y sometimiento y mantienen sin tocar las causas de fondo de la crisis, sin corregir problemas internos como la creciente desigualdad, el desempleo, el aumento de la desigualdad, la miseria y la extrema pobreza, así como la disminución del nivel de vida del pueblo mexicano pero no de la clase política, los empresarios y los funcionarios de gobierno que se disparan con la cuchara grande. 

Otra característica sustantiva de la actual gestión gubernamental es la promoción de reformas que pretenden modelar el futuro perfil de país en el mediano y largo plazo las que son congruentes unas con otras y que siguen en términos generales los lineamientos de organismos como la OCDE el FMI y el Banco Mundial, con el Banco de México como promotor y operador interno de dichas políticas.  

Tomemos por ejemplo a la Reforma Laboral y la Reforma Educativa; mientras la primera define un perfil laboral altamente flexible, inestable en el empleo y económicamente precario, la segunda elimina la bilateralidad en la formación y promoción de los docentes de primarias y secundarias, asignándole la responsabilidad a un organismo que, elevado a rango constitucional, determinará, por encima de los gobiernos en turno, las principales políticas para la formación y definición del perfil profesional de la mano de obra y del profesorado del futuro.  

En el ámbito político, la preocupación principal del gobierno ha consistido en recuperar el papel central del presidencialismo, buscando para ello, que los demás factores del poder se disciplinen y articulen alrededor de la presidencia, lo que anticipa un ejercicio de poder autoritario. Se vislumbra que el gobierno de EPN, por su compromiso con los patrones y dentro de la lógica de centralizar el poder fortalecerá su control sobre el sindicalismo corporativo y alentará el desarrollo del sindicalismo blanco pro-patronal, lo que conlleva mayores dificultades para la organización independiente y la democratización de los sindicatos, socavando el acceso a las y los trabajadores al derecho de un trabajo digno y a la justicia social.  

En materia de democracia pocos avances, pueden acreditarse en estos años: La conformación del IFAI, los capítulos de la última reforma política que hacen referencia al referéndum o a la iniciativa ciudadana así como la reforma del artículo primero constitucional que reconoce los derechos humanos laborales y le confiere mayor dimensión a los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno mexicano, serían los más destacados.  

En consecuencia, urge impulsar un modelo de desarrollo distinto. al servicio del progreso y bienestar de las personas, a partir del pleno empleo con derechos y prestaciones, como guía de la política económica, urgen incrementos salariales, acompañados del incremento de la productividad así como del desarrollo de una gran capacidad negociadora de sindicatos reales, democráticos, libres y representativos, con el propósito de lograr una redistribución del ingreso más equitativa, que promueva un gasto e inversión públicos con efectos multiplicadores para la reconstrucción del mercado interno y para satisfacer la demanda de bienes y servicios de la sociedad mexicana. 

México necesita un nuevo régimen económico, político y social que restablezca las cadenas productivas, reactive el mercado interno, recupere el poder adquisitivo del salario y reoriente el manejo de las importaciones, un régimen que deberá asociarse a una política de fomento al desarrollo agropecuario e industrial, para rescatar al campo con énfasis en los pequeños y medianos productores fomentando la generación del empleo productivo. 

De otra forma México seguirá perdiendo competitividad en su producción nacional frente a las importaciones y muy pronto podríamos enfrentar un escenario de alto riesgo en el que se mantendría el sistema de control corporativo y clientelar sobre los ciudadanos y se recrudecería la desigualdad como consecuencia de la exclusión económica política y social de la mayoría de los mexicanos, todo ello para beneficio del poder e influencia de los grandes capitales. Actualmente resulta más barato importar gasolinas y alimentos que producirlos, como en el caso del maíz. 

El movimiento sindical independiente tendrá que resolver grandes desafíos previendo la aprobación de las leyes y reformas que consolidan en materia laboral el trabajo decente y con prestaciones que, bajo el pretexto de mantener una artificial paz laboral se ha traducido en la pérdida de empleos, la abrupta caída salarial, la introducción de un modelo de relaciones laborales flexibles y la propagación del sindicalismo de protección que degradó en forma excepcional las relaciones laborales, fenómeno que se ha reproducido en todos los sectores productivos.  

La inestabilidad laboral y la limitación de acceso a la seguridad social, suscitan entre las y los jóvenes la incertidumbre respecto a su futuro laboral y a su posible proyecto de vida. Ante la oferta y demanda de empleo, la aplicación para puestos de trabajo se traduce en prácticas discriminatorias: edad, apariencia, género, nivel educativo y la exigencia de experiencia previa se vuelven normas para la contratación eventual y justificaciones para imponer el tiempo parcial.  

Es urgente escucharnos y es necesario promover un nuevo consenso, desde la perspectiva de los trabajadores y la mayoría de la sociedad. El consenso que requiere el país implica reformar las políticas, los medios y los instrumentos en la lógica de esta nueva visión del mundo, así como convocar un pacto social incluyente y democrático congruente con ella. El reto es suyo señores gobernantes.

 

 


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