Linea Directa


UNA VOZ DE ALTURA

 

 

PREOCUPAN DOS TIPOS DE CUIDADO

Por Alejandro Díaz Camacho (LD 12-08-13)

E-mail:  adiazcam@gmail.com

El 7 de agosto pasado el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del tercer Circuito, en el estado de Jalisco, concedió a Rafael Caro Quintero (fundador del desaparecido cártel de Guadalajara), el amparo y protección de la Justicia Federal y ordenó su inmediata libertad, el narcotraficante, fue detenido el 4 de abril de 1985 en San José, Costa Rica, meses después del asesinato de Enrique Camarena Salazar agente de la DEA quien fuera secuestrado, torturado y asesinado en febrero de 1985, y que en aquel entonces provocó una gran tensión en la relación de México con Estados Unidos y que según especialistas marcó el inicio de una agenda binacional contra el narcotráfico.

Caro Quintero, además del sobreseimiento de Camarena logró para su liberación, otras cinco órdenes: una porque ya purgó la pena de 15 años por delitos contra la salud; otra porque se le absolvió de la muerte de los estadounidenses G. Radelat y John Clay Walter, otra porque ya se le había absuelto de la privación ilegal de la libertad de 4 mil trabajadores del rancho “El Búfalo”, en Chihuahua; una más porque los delitos de los que se le acusaba no formaron parte del auto de formal prisión, y uno más porque el Ministerio Público Federal no acreditó el delito de asociación delictuosa.

La liberación del capo debido a estas fallas en la jurisdicción mexicana es vergonzante, es indigna y realmente es una situación muy preocupante.

Quienes se preocupan por estas resoluciones dictadas a favor de Caro Quintero son: la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y Jesús Murillo Karam, el abogado de la Nación que aun cuando manifestó su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial”, ordenó analizar la interposición de los recursos que en términos de la ley sean procedentes, en razón de la gravedad de los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado entre otros, cuyas víctimas todavía reclaman justicia”.

Se preocupa porque no existe un sistema nacional de justicia y de los errores jurídicos en que incurrió el tribunal colegiado de Jalisco, destaca la manera en que sucedió la liberación ya que produce la absolución sin juicio por un juez que el mismo Tribunal consideró incompetente”, de esta forma, quedó anulada la sentencia de 40 años de cárcel que Caro Quintero, ahora de 61 años, había recibido por el crimen. Se preocupa Murillo Karam, porque de haber aplicado el criterio de la Corte, esa autoridad debió haber remitido el expediente al juez que estimara competente para que conociera del juicio. Se preocupa porque ambas instancias jurídicas ignoraron por completo el reciente criterio sostenido en marzo pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó a una autoridad, a la que consideró incompetente por razón de fuero, que sobreseyera las causas penales seguidas en contra de Caro Quintero.

Por su parte, y a lo mejor luego nos la cobran, la agencia antidrogas estadounidense (DEA) está "profundamente preocupada por conocer la decisión de una corte mexicana de liberar al infame narcotraficante Rafael Caro Quintero", la agencia señaló que "vigorosamente continuará sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente los cargos en Estados Unidos", donde es buscado por un tribunal de California por cargos relacionados con el asesinato de Camarena y tráfico de drogas.

A nosotros como sociedad nos preocupa, nos indigna y nos avergüenza nuestro sistema de justicia que en este caso y muchos más, con la repetida cantaleta de que con fundamento y en apego a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Penales, y en cumplimiento a lo razonado por el órgano jurisdiccional de amparo, se ordena la inmediata libertad de Rafael Caro Quintero, esto es, sin que se afecten situaciones jurídicas diversas del citado inculpado.

Del mismo modo, nos preocupa y avergüenza que hayan soltado a otro tipo de cuidado: Raúl Salinas De Gortari, el hermano del que fuera presidente de México entre 1988 y 1994, símbolo de la corrupción en esa época, es también ahora ejemplo de un mal que aqueja al sistema judicial mexicano: la impunidad ya que luego de casi tres sexenios de actividad judicial quedará sin un solo antecedente penal

Raúl Salinas de Gortari, hombre de 66 años que suele vestir de traje, y que apartado de la vida pública, en los últimos 17 años enfrentó cargos en el país y en el extranjero por homicidio, fraude fiscal y lavado de dinero, hoy como por arte magia de la justicia mexicana, salió absuelto de todas esas acusaciones. El mayor de los Salinas, un clan familiar que encabeza su hermano Carlos, el gran villano de la política mexicana, está a punto de salirse con la suya.

Raúl pasó diez años en la cárcel acusado de haber ordenado en 1994 el asesinato de su excuñado y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Francisco Ruiz Massieu. Finalmente fue absuelto en un proceso lleno de irregularidades y pruebas falsas que buscaban condenarle. En otro suceso extraño, de la faz de la tierra desapareció Manuel Muñoz Rocha, un diputado priista al que señalaban como cómplice de Raúl en el homicidio. Tras el crimen no se le volvió a ver.

El último golpe de este oscuro personaje ha sido conseguir que un juez le exonerara del delito de enriquecimiento ilícito y que le sean devueltos 224 millones de pesos (unos 17 millones de dólares) y una treintena de inmuebles repartidos por todo el país. El hermano incómodo ha vuelto a cantar bingo cuando los mexicanos empezábamos a olvidar sus pecados y salvo que un recurso legal lo impida (por las fallas jurídicas es imposible), recuperará parte de sus ganancias.

En la sentencia absolutoria emitida el pasado 19 de julio, el juez federal Carlos López Cruz reconoce que el hermano del expresidente Carlos Salinas incrementó su riqueza desmedidamente de 1985 a 1992, pero establece que la Procuraduría General de la República (PGR) nunca pudo demostrar que éste haya amasado dicha fortuna a costa de los cargos públicos que desempeño en dicho periodo, por lo tanto, al no encontrar evidencia alguna de que el llamado hermano incómodo se aprovechó de su condición para enriquecerse, decidió absolverlo con base en el criterio de que no se comprueba que “el incremento patrimonial sea resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público, al aprovecharse ya sea del estatus o de las atribuciones que le son conferidas”.

La PGR interpuso un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dictada, en la que se ordenó la devolución de 41 propiedades a Raúl Salinas, además de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debe descongelar sus cuentas bancarias y de cheques. En fin, nos preocupa que todo vuelva a la normalidad enterándonos de que la justicia mexicana no haya sido capaz de armar una acusación sólida en contra de Raúl a pesar de algunas evidencias públicas.

 

 


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