JUICIO POLÍTICO CONTRA ERNESTO ZEDILLO
Por Gerardo Reyes Gómez. (I 06-30-98)


Atrapado en el centro de la telaraña, de la geometría perfecta de sus incompetencias, el presidente Ernesto Zedillo ha traspasado los límites de la legalidad y se ha hecho sujeto de juicio político en el Congreso de la Unión.

Recordemos que el jefe del Ejecutivo lo es, también, de sus secretarios de Estado, por lo que la responsabilidad de la actuación de su gabinete recae solamente en él y nada más que en él. De esta manera las decisiones del secretario de Hacienda, independientemente de quien ocupe esa posición, en relación con la debacle financiera del Fobaproa, son también materia del ámbito de responsabilidad del primer mandatario.

Y si, como todos sabemos, la deuda del Fobaproa, en la práctica, ya ha sido traspasada al renglón de deuda pública, sin previa autorización del Congreso, entonces esa transacción que afecta a 92 millones de mexicanos es ilegal. Ese tipo de actuaciones
de facto se sancionan por el Congreso, por lo que está abierto el camino al juicio político al Dr. Zedillo, apenas haya alguien con suficientes tamaños para solicitarlo.

La brutal presión establecida por el Poder Ejecutivo para convencer al Legislativo de avalar
a posteriori, con una ley, la decisión que tomó la Secretaría de Hacienda, no es sólo para tratar de ocultar la criminal irresponsabilidad que demostró el gabinete económico, en complicidad con los banqueros, sino también por el injusto como ilegal manejo de la cartera vencida. Zedillo ni siquiera pretende camuflar los inmorales desfalcos que beneficiaron a unos cuantos privilegiados del sistema, sino que, los juristas de la Presidencia saben que su jefe, sin ser un delincuente, está de pechito, como inmóvil blanco de tiro, ante una andanada de cazadores de animal grande.

El juicio político en contra del Dr. Zedillo, antes de terminar el sexenio, aceleraría el fin del presidencialismo pero, si se maneja incorrectamente, podría parar en seco la transición a la democracia.