UNA VOZ DE ALTURA

ALEJANDRO DÍAZ CAMACHO

  

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LOS TAXISTAS

Tal vez, con la consigna de “me vale madre y háganle como puedan”, recientemente, miles de taxistas de la capital del país y de otras 27 entidades fueron convocados a una jornada de protestas contra Uber, Cabify, Didi y otras tantas empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones para teléfonos móviles. En esa jornada protestante, los trabajadores del volante, convirtieron a la Ciudad de México en un gran estacionamiento, bloquearon importantes cruces viales en distintos puntos de la ciudad, impidieron el acceso a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, desviaron autobuses y micros, suspendieron la línea 7 del Metrobús, en fin, ante la saturación del Metro, que aumentó 20 por ciento el número de usuarios y la imposibilidad de abordar un taxi, los sufridos y estresados capitalinos, se vieron obligados a usar bicicleta o a correr para llegar a su destino. Un caos total. 

Según ellos y con el derecho de manifestarse, en sus reclamos exigen a las autoridades actuar contra lo que perciben como una competencia desleal por parte de compañías trasnacionales, un fenómeno que se ha registrado prácticamente en todos los países donde éstas operan, pero en cada uno cobran distintas formas. En el caso de México, la petición es que las empresas tecnológicas cumplan con la serie de requisitos que deben cubrir los taxis tradicionales: cromática, licencia, tarjetón tipo B, seguro para unidades, tenencia, revista de taxímetro, y costo de la concesión, que tienen un costo global de 40 mil pesos. En caso extremo, que se imponga una prohibición total contra los servicios referidos.  

Para los choferes y los propietarios de las unidades y flotillas, las erogaciones derivadas de tales trámites significan una marcad desventaja competitiva y en este sentido resulta comprensible su molestia, sin embargo, desde la perspectiva de los usuarios, estos requisitos, son asignaturas pendientes que los taxistas deben solventar si quieren enfrentar a la competencia con perspectivas de éxito, sobre todo, en lo que respecta a elevar la calidad del servicio de taxis: higiene, buen trato, respeto a las tarifas establecidas y, de manera acusada, garantías a la seguridad e integridad física y patrimonial del usuario. 

De otra manera, cuando lo que se debate es una cuestión estratégica para mejorar la movilidad en las urbes del país, el establecimiento de controles gubernamentales adicionales a las plataformas de transporte por aplicación tecnológica, podría convertirse en una medida política para aliviar las presiones de los taxistas, pero no tendrían ningún beneficio real para los usuarios. Lo que no podemos pasar por alto, es que, tanto Uber, como Cabify, Didi y el resto de compañías que responden a su modelo de negocio, como los propietarios de flotillas de taxis convencionales, se basan en la precarización brutal del empleo (de 12 a 14 horas diarias) y en la negación de los más elementales derechos laborales y de protección de los trabajadores, a quienes ni unos ni otros suelen reconocer como tales. El hecho de que los taxistas tradicionales compartan, en gran medida, la situación laboral de los choferes recién llegados, debería mover a ambas partes a cesar de verse como enemigos y caer en cuenta de que es mucho lo que podrían avanzar unidos.  

El caos está latente, tenemos muy poco plazo para que las autoridades locales y federales puedan negociar que las compañías trasnacionales cumplan con los requisitos a los que taxistas comunes se ven obligados. Tome precauciones, si de nuevo sólo se les escucha, pero no pasa nada, es posible que los taxistas realicen más movilizaciones, tal vez, con la misma consigna. “Me vale madre y háganle como puedan”.

 

                                                                            Por ALEJANDRO DÍAZ CAMACHO

15 de Octubre de 2019

 

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