UNA VOZ DE ALTURA

ALEJANDRO DÍAZ CAMACHO

  

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CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA 

Asignar contratos directos, mediante dos secretarias de estado, Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dieron cauce a la desviación y triangulación de más de 7 mil millones de pesos. La corrupción institucionalizada conocida como “estafa maestra”, fue descubierta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014, y poco después derivó en una amplia investigación periodística. En el gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, titular de ambas dependencias, es la principal sospechosa (chivo expiatorio le dicen), pero en esta pestilente porqueriza, lógicamente no estaba sola, siempre le acompañaron: Emilio Zebadúa, oficial mayor en las secretarías que ocupó Rosario, y  principal responsable de suscribir los convenios irregulares que causaron daños al erario federal, y, Ramón Sosamontes Herreramoro, jefe de la oficina en ambas dependencias; mencionado con insistencia como candidato natural a investigaciones y eventuales sujeciones a proceso penal.

Están involucradas además, otras secretarias de estado, algunas tan disímbolas como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Agricultura, Economía, así como Petróleos Mexicanos, el ISSSTE y otros organismos; la intermediación y complicidad de ocho universidades públicas que recibieron el pago de una comisión para realizar estudios u otorgar servicios, que a su vez eran subcontratados a 186 empresas de las cuales, 128 eran fantasma, de papel  o fachada, carentes de la infraestructura y personal necesarios. En su defensa, antes de ser depositada preventivamente en Santa Martha Acatitla, Rosario afirmó que notificó, teléfono rojo de por medio, a Enrique Peña Nieto sobre todas las observaciones relativas al presunto desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social, al tiempo que el involucrado José Antonio Meade Kuribreña quien corre el riesgo de contar con su propio sepulcro en alguno de los penales de la República tuvo conocimiento detallado, por medio del acta de entrega-recepción de la Sedesol, de las pillerías cometidas con cargo al erario.

Al parecer ambos fingieron demencia y ninguno de ellos lo evitó o comenzó una averiguación judicial, así que si no hay cambios de última hora, todo apunta a que serán investigados por la Fiscalía General de la República para determinar su presunta responsabilidad de la misma conducta omisa que hoy tiene encerrada a la ex jefa del gobierno capitalino. Lo llamativo de esta farándula es que, por lo menos hasta ahora, quien nada de muertito y no ha salido a colación su nombre, es Luis Videgaray Caso, cuando es de todos sabido que él participaba en todas las decisiones y exigía conocer hasta el último detalle de todo lo que se moviera.

En la cuarta transformación, la decisión que se tome permitirá medir el grado de partidismo que se ha utilizado en el caso Robles, (histórica adversaria del obradorismo), pues una mínima lógica jurídica, que dudamos será aplicada, mostraría que ante conductas iguales debería haber acciones sancionadoras iguales. Es decir, Meade, Peña Nieto y otros tantos ex funcionarios corruptos, deberían ser sometidos a un tratamiento jurídico similar al aplicado a Robles, a menos que a ésta se le castigue además de por la evidente ratería practicada por sistema en dos secretarías de Estado, por consideraciones políticas como las que podrían salvar a Meade de citatorios y comparecencias judiciales que podrían armarse, a partir solamente de testimonios, pruebas e indicios que significarían una marca negativa perdurable en uno de los principales tecnócratas del país, que evidentemente, no es el único cabo suelto ni el de más alto nivel en cuanto a la corrupción institucionalizada que nos atosiga, por favor, abran las alcantarillas.

 

                                                                            Por ALEJANDRO DÍAZ CAMACHO

19 de Agosto de 2019

 

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